Suprema Corte falló a favor de una adolescente cuando sus padres intentaron vender la casa donde vivía: esto resolvieron los ministros

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que fortalece la protección del interés superior de la niñez en procedimientos relacionados con la liquidación de sociedades conyugales, al reconocer que las decisiones sobre bienes familiares pueden afectar directamente los derechos de hijas e hijos, especialmente cuando se trata de la vivienda donde habitan.

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El caso fue resuelto por el Pleno de la Corte mediante el Amparo en Revisión 520/2025, durante la sesión celebrada el 10 de junio de 2026, y sienta un precedente relevante para garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales que puedan impactar su calidad de vida.

¿Cómo surgió el caso que llegó hasta la Suprema Corte?

La controversia tuvo origen tras el divorcio incausado de una pareja. Durante ese procedimiento se determinó que ambos padres conservarían la patria potestad de su hija, mientras que la madre tendría la guarda y custodia provisional de la menor, estableciéndose además el domicilio donde ésta residiría.

Años más tarde, el padre promovió la liquidación de la sociedad conyugal, proceso que culminó con la orden judicial de vender el inmueble en el que habitaba la hija de ambos.

La adolescente consideró que dicha determinación vulneraba sus derechos fundamentales, por lo que promovió un juicio de amparo argumentando que la venta de la vivienda afectaba su derecho a una vivienda digna, así como su derecho a participar en procedimientos judiciales que pudieran tener consecuencias directas sobre su vida.

Además, señaló que las autoridades omitieron analizar el asunto con una perspectiva de infancia, principio que obliga a las autoridades a colocar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el centro de cualquier decisión que les involucre.

¿Por qué inicialmente se negó el amparo a la adolescente?

En una primera instancia, el órgano jurisdiccional encargado del asunto determinó que la adolescente no contaba con interés jurídico para promover el amparo.

La autoridad consideró que la sentencia cuestionada únicamente se relacionaba con el patrimonio de sus padres y no con derechos propios de la menor. Asimismo, sostuvo que, debido a su edad, la adolescente no podía decidir por sí misma sobre cuestiones relacionadas con su lugar de residencia, pues dichas decisiones correspondían a sus progenitores.

Ante esta resolución, la joven interpuso un recurso de revisión que finalmente fue atraído por la Suprema Corte debido a la relevancia constitucional del asunto.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el derecho a la vivienda y los alimentos?

El Pleno de la SCJN concluyó que la adolescente sí tiene un interés jurídico directo en el procedimiento.

La razón principal es que los padres tienen la obligación legal de proporcionar alimentos a sus hijos, y este concepto no se limita únicamente a la alimentación, sino que incluye otros elementos esenciales para el desarrollo integral, entre ellos la habitación o vivienda.

Por ello, la Corte sostuvo que cualquier decisión relacionada con el inmueble donde habita una hija o hijo puede impactar directamente en la garantía de sus derechos fundamentales.

Los ministros señalaron que la orden de vender la vivienda podría repercutir en la materialización del derecho de la adolescente a recibir alimentos y en su acceso a un nivel de vida adecuado, por lo que no puede considerarse un asunto ajeno a sus intereses.

¿Qué significa juzgar con perspectiva de infancia?

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el reconocimiento de la necesidad de aplicar una perspectiva de infancia en este tipo de procedimientos.

Este enfoque exige que las autoridades judiciales analicen de manera específica cómo una decisión puede afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes, considerando su condición de personas en desarrollo y su especial necesidad de protección.

La Corte destacó que el interés superior de la niñez debe convertirse en una consideración primordial en todas las actuaciones judiciales que puedan tener consecuencias sobre menores de edad.

Además, recordó que las personas adolescentes tienen derecho a ser escuchadas y a participar en los procedimientos que puedan impactar su vida cotidiana, especialmente cuando se trata de cuestiones tan relevantes como su vivienda y condiciones de desarrollo.

¿Qué ordenó la Suprema Corte para proteger los derechos de la adolescente?

Como parte de su resolución, la SCJN ordenó reponer el procedimiento para que el juzgado de distrito realice nuevas diligencias y analice el caso bajo estándares reforzados de protección a la infancia.

Entre las acciones que deberá llevar a cabo destacan:

Recabar pruebas de manera oficiosa para conocer si existe algún convenio relacionado con la guarda y custodia definitiva de la adolescente.

Verificar si se estableció un régimen de alimentos que contemple las necesidades de vivienda de la menor.

Promover que las partes involucradas adopten acuerdos compatibles con el interés superior de la niñez.

Garantizar la participación efectiva de la adolescente dentro del procedimiento.

Emitir una nueva resolución que valore expresamente el impacto que la venta del inmueble podría tener sobre sus derechos fundamentales.

La Corte enfatizó que estas medidas buscan asegurar que cualquier determinación futura contemple el bienestar integral de la adolescente y no únicamente los intereses patrimoniales de los adultos involucrados.

¿Por qué esta resolución es importante para las familias mexicanas?

La decisión del máximo tribunal del país envía un mensaje claro: los procedimientos patrimoniales entre padres no pueden analizarse de manera aislada cuando existe la posibilidad de afectar los derechos de hijas e hijos.

El criterio fortalece la protección constitucional de niñas, niños y adolescentes al reconocer que asuntos aparentemente relacionados con bienes o patrimonio también pueden tener consecuencias directas en derechos fundamentales como la vivienda, los alimentos, la estabilidad familiar y el desarrollo integral.

Asimismo, la resolución refuerza el derecho de las personas menores de edad a participar en procedimientos judiciales que les conciernan, en concordancia con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Corte también elaboró una sentencia en lenguaje accesible

Como parte de las medidas de protección, la Suprema Corte elaboró un proyecto de sentencia en formato de lectura fácil, con el objetivo de explicar a la adolescente el estado actual del procedimiento y el alcance de la resolución.

Esta práctica forma parte de los esfuerzos del Poder Judicial para garantizar que niñas, niños y adolescentes comprendan las decisiones que afectan sus derechos, fortaleciendo así su acceso efectivo a la justicia.