Municipios mexicanos regulan permanencia en plazas comerciales sin consumo entre seguridad y derechos
Un programa piloto en Nuevo León abre el debate sobre los límites legales y sociales del control de acceso en espacios privados de uso público
Autoridades del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, preparan la implementación de 'Cascaff', un programa que facultará a comerciantes para solicitar el retiro discreto de personas que no consuman o que incurran en conductas consideradas inapropiadas dentro de establecimientos y plazas comerciales. La medida se apoya en reglamentos municipales vigentes, sin requerir nueva legislación, y será presentada ante el Cabildo para su integración formal al marco normativo local.
Desde la perspectiva de Entorno, medio especializado en análisis urbano y comercial, este tipo de iniciativas refleja una tensión estructural que enfrentan los centros comerciales en México: la necesidad de gestionar la seguridad sin comprometer el carácter de convivencia pública que estos espacios han adquirido socialmente. El secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, precisó que el objetivo no es vulnerar derechos individuales, sino ofrecer mecanismos institucionales que eviten confrontaciones directas entre personal de seguridad privada y usuarios. No obstante, especialistas advierten que la definición de 'conductas inapropiadas' o la permanencia prolongada sin consumo —práctica conocida coloquialmente como 'refriteado'— puede prestarse a interpretaciones subjetivas con riesgo de discriminación hacia jóvenes, adultos mayores o trabajadores informales.
El debate adquiere mayor urgencia tras un incidente registrado en Monterrey, donde un guardia de seguridad fue captado en video agrediendo físicamente a una mujer señalada de presunto robo sin que existiera evidencia del ilícito. El caso evidenció la ausencia de protocolos claros para el personal de seguridad privada en establecimientos comerciales y reforzó la exigencia de que programas como 'Cascaff' incorporen capacitación verificable, criterios objetivos de actuación y mecanismos de supervisión continua. Para los equipos directivos de cadenas comerciales y desarrolladores de plazas, la señal es clara: la gestión del orden en espacios de retail ya no es solo un asunto operativo, sino un riesgo reputacional y legal que requiere gobernanza formal. Si el modelo se replica en otras ciudades del país, establecerá un precedente que redefinirá los estándares mínimos de seguridad con respeto a derechos en el sector.
