Propiedad intelectual y modelos de IA generativa: el debate legal que definirá la economía creativa

Expertos en derecho digital advierten que el uso no autorizado de obras para entrenar modelos de inteligencia artificial expone a las grandes tecnológicas a pérdidas de miles de millones de dólares, mientras legisladores en Europa y América evalúan marcos regulatorios de urgencia.

Artistas, editores, traductores e ilustradores enfrentan una amenaza estructural: sus obras son utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa sin autorización ni compensación. Este fenómeno ha desencadenado una oleada de demandas colectivas en Estados Unidos contra empresas como OpenAI, Anthropic y Microsoft, cuyas plataformas dependen de vastas bases de datos de contenido creativo para establecer los patrones que alimentan sus algoritmos. El riesgo financiero es concreto: Anthropic ya alcanzó un acuerdo extrajudicial de 1,500 millones de dólares con un grupo de autores, lo que establece un precedente sobre la magnitud de las exposiciones legales en el sector.

Eleonora Rosati, profesora de propiedad intelectual en la Universidad de Estocolmo y asesora legal en el bufete Bird & Bird, es una de las voces más citadas en Europa sobre este debate. En una conferencia magistral organizada por Entorno dentro del Congreso de Derechos Digitales y Cultura, Rosati subrayó que el marco jurídico de la propiedad intelectual no ha cambiado en su esencia: cualquier uso de una obra para entrenar un modelo de IA requiere el consentimiento del titular de los derechos o el amparo de una excepción legal explícita. En ausencia de ambos, el uso constituye una infracción. La experta también destacó que artistas de alto perfil ya están tomando medidas preventivas: Taylor Swift, por ejemplo, ha registrado su voz como activo protegible ante las autoridades correspondientes, una señal de que la industria del entretenimiento está adaptando sus estrategias de protección patrimonial.

El debate regulatorio avanza a velocidades distintas según la jurisdicción. La Unión Europea incorporó obligaciones de transparencia en su Ley de Inteligencia Artificial, exigiendo a los desarrolladores documentar los datos utilizados en el entrenamiento de sus modelos. El Reino Unido, en cambio, aún no cuenta con normativas equivalentes y evalúa su implementación. Francia va más lejos: un proyecto de ley en discusión introduciría una presunción de uso, mecanismo que asumiría que el contenido fue empleado para entrenamiento salvo prueba en contrario, invirtiendo la carga probatoria hacia el desarrollador. Para los equipos directivos, este escenario implica dos frentes de atención inmediata: el riesgo legal asociado al uso de IA generativa en procesos internos y la oportunidad de posicionar a sus organizaciones como actores responsables en el ecosistema digital, antes de que la regulación lo exija.